Hemos enfatizado muchas veces la importancia de la educación como clave para el progreso y bienestar de todos los peruanos. Y hemos insistido en el papel prioritario del Estado, que no termina en la declaración del derecho a la educación gratuita en la Constitución política, ni en tener un gran número de centros estatales gratuitos con los que se supone que lo hace posible. El papel del Estado tampoco termina en la meta -nada fácil, por cierto- de asegurar el buen funcionamiento de estos centros.
Su rol va más allá y podríamos resumirlo en poner los medios para que todos los jóvenes peruanos tengan igual oportunidad de acceder a una educación de calidad, desde la primaria hasta la superior.
El Estado debe proponerse cumplir este cometido sin discriminaciones de ningún tipo. Por supuesto dentro de las inevitables limitaciones de presupuesto, pero tratando de optimizar los recursos y, sobre todo, de hacerlo sin renunciar a la calidad. Si no, la igualdad de oportunidades será sólo una declaración lírica, y quienes tienen menos capacidad económica -aún con buena capacidad intelectual- estarán condenados a una educación de poca calidad que hará muy difícil la superación que anhelan.
Para que esto no ocurra, el Estado no puede pretender hacerlo todo solo, sino que necesita estimular consciente y creativamente la participación privada de sentido social en la educación.
El derecho a la iniciativa privada en educación está reconocido también como un principio fundamental por nuestra Constitución, pero debe ser regulado e implementado de forma adecuada para que, efectivamente, vaya en beneficio de las mayorías y no sea en la práctica un privilegio de pocos.
Es frecuente la mentalidad de asociar la educación no estatal a un afán de lucro no del todo sano. Y, lógicamente, a todos nos produce mala impresión lo de «lucrar con la educación». Pero no pocas veces la carga peyorativa que damos al término lucrar deviene en una injusta valoración hacia quienes hacen con competencia y honestidad, cumpliendo las leyes, una actividad empresarial con la educación que beneficia a la sociedad, ganando lo justo por ello.
Miremos ahora la dedicación de muchos a la educación, desde el sector privado, con entrega y espíritu de servicio, la mayor parte de veces en instituciones sin fines de lucro. Es un hecho que las personas tienen una gran capacidad de servir, cuando se les permite hacerlo y se les reconoce y apoya. No hay más que ver, como un ejemplo, lo que la Iglesia Católica, a lo largo de siglos, ha realizado en el campo educativo, cumpliendo una misión de servicio humano y cristiano a la que se sabe llamada, y para la que siempre ha reclamado su derecho. Pero también tienen derecho a hacerlo, y lo sienten frecuentemente como un deber, muchas otras entidades y personas, movidas por motivos nobles muy diversos.
El Estado debe fomentar la vocación de servicio en el campo de la educación y en otros. No puede haber en esto un monopolio del Estado: es conveniente que existan cauces para facilitar y fomentar la participación ciudadana en iniciativas sociales de todo tipo, y en particular las educativas. A veces se dice que el Estado solo «no puede» cargar con toda la responsabilidad de la educación (no llega) y, por ello, es necesario «dejar que participen» los privados.
Esto, que parece tan natural en el plano práctico, no es lo conveniente en el plano de los principios: la participación de la iniciativa privada no es una «suplencia» al Estado sino, como hemos dicho, un derecho y hasta un deber, que están llamados a ejercer aquellos que se sienten profesional y moralmente preparados.
Por tanto, por una razón de justicia, y también por eficacia, la iniciativa privada de carácter social no sólo debe ser permitida, sino estimulada y apoyada por el Estado con equidad y decisión. Dicho de otra manera, debe el Estado apoyar con equidad y decisión el derecho de todos los peruanos, de manera especial del de los menos pudientes, a acceder a una educación de calidad, privada o pública, sin distinción alguna.
