CONCLUSIONES Acerca de la reforma procesal penal en el Perú

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Sin lugar, a dudas, la reforma del sistema de administración de justicia penal en el Perú resulta ser uno de los principales reclamos de la sociedad y que el Estado está en la obligación de atender. Desde 1940, año en el que el Perú adoptó; tm sistema procesal mixto las voces de cambio se han hecho escuchar y a pesar de infructuosos intentos de mejora, los integrantes de nuestra-sociedad se han visto obligados, a ver con resignación al proceso penal como el. inevitable y penoso camino por recorrer, a fin de hallar justicia.

Me parece significativo e histórico poder escribir que el Perú experimenta una reforma, la misma que importa un cambio para mejor. Lamentablemente, debo de analizar lo dicho con mucho cuidado, evitando generar falsas expectativas que a futuro podría quizás convertirse en condenatorias. Es cierto, estamos ante un nuevo intento de reforma, en base al Decretó Legislativo N° 957. (CPP-2Q.04, como lo hemos denominado en este trabajo), el cual viene implementándose de manera, paulatina y gradual por los diversos  distritos judiciales del país.

Este nuevo código adjetivo, con tendencia acusatoria, y rasgos garantistas y adversariáles promete la obtención de una pronta y justa solución: de los. conflictos derivados  de hechos punibles, a través de un proceso dotado de garantías constitucionales, reglas que buscan un debate igualitario y, en conjunto, que aspira a convertirse en una  herramienta eficaz para la ludia contra la delincuencia.

Pero, como lo venimos expresando en otras publicaciones y conferencias, no basta una variación del código adjetivo para poder afirmar que estamos ante un/real proceso-de reforma. La herramienta legal es necesaria, más no suficiente. Tal como otros autores y estudiosos del derecho -y sobretodo de la sociedad- lo han dicho antes que nosotros, un verdadero cambio en el sistema de administración de justicia de un país requiere -además- de mejoras en el ámbito económico, político, social y  cuitara!. Quiero dejaren claro que,, a pesar de ser inseparable, razones de  tiempo y espacio han impedido que haga referencia al contexto global en el   que debe situarse una reforma de esa naturaleza.

Entonces  volviendo al terna el proceso de reforma procesal penal que se pretende con la puesta en vigencia del CPP-2004 desde el año .2006 en el Distrito Judicial de Huáúra; importa una firme decisión estatal á favor del cambio, lá cual no debe limitarse a simples, declaraciones, sino á acciones concretas esenciales yurgentes, como son! el otorgamiento y/p.. ampliación de presupuestó para las entidades vinculadas con el sistema de administración de justicia, lo que, a su vez, permitirá que las instituciones contraten legalmente al  personal, en número y calidad idóneo para la función, remunerándoseles dignamente, que cuenten con infraestructura  acorde con la nueva dinámica procesal; que permita brindar una adecuada atención  a los  usuarios; . que  adquieran  los  recursos   logísticas- qué. permitan el desarrollo de investigaciones con rigor científico, la obtención . de resultados inmediatos; que viabillce la generación de redes y convenios dé cooperación interinstitucional a fin dé brindar atención integrar a las víctimas del delito, seguridad a los testigos y colaboradores, etc.

Otro tema fundamental que no puede escapar de la carga de todo Estado es el de la corrupción. Factores y causas de dicha problemática no pueden ser pasados por alto, por él contrario, las prácticas corruptas en   las instituciones públicas deben  ser frenadas con acciones y no con discursos, ceremonial es La atención para afrontar, él problema no radica en sus efectos y consecuencias, sirio en  sus causas de origen. En ese sentido, no debe de perderse de vista qué el éxito dé la reforma depende también de la sociedad. Si sus integrantes no confían en el rol de los servidores y funcionarios públicos involucrados con la administración  de Justicia penal, entonces el aparato judicial habrá fracasado y su existencia dejará de tener sentido. No debe esperarse, pues, que la población haga justicia de propia mano, y que nos encontremos en una situación que rebase él orden y la tranquilidad pública. Grave peligro qué debe atenderse de manera urgente.

Ello nos deriva al ámbito cultural de la sociedad. En un país como el nuestro en el que la mentalidad inquisitiva se ve  reflejada -hasta hoy- por el legislador, cuando ante la presión social y mediática, y buscando réditos políticos, procede modificando o aprobando leyes en las que se aumenta o impone altas penas para hechos punibles «de moda». Esa es otra discordancia que apreciamos en nuestra realidad, pues mientras de un lado, se adopta un sistema procesal acusatorio y se pone  en vigencia un código adjetivo  que  promueve las salidas alternativas al proceso, de otro lado, ese mismo legislador modifica el código sustantivo, aumentando las penas; creando, huevas figuras delictivas, eliminando- o restringiendo beneficios penitenciarios.

Hay otros tantos aspectos, incluso, más trascendentales que los expuestos, pero que no desarrollamos,, a fin de evitar el desvío del tema que hemos trabajado. Con estas: líneas, apenas, pretendemos demostrar que la reforma procesal, penal qué actualmente afronta el país depende y requiere del cambio de otros, tantos, aspectos del contexto global. Én manos del Estado y de la sociedad está asumirlos.

Lo cierto es que, los   miembros dé, la sociedad peruana no pueden continuar  siendo sometidos a trámites inconstitucionales -corno es él caso del procesó sumario- y otras prácticas abiertamente violatorias de  los derechos humanos -por atentar, contra él derecho de defensa, la presunción de inocencia, la igualdad, etc. Lá realidad nos ha mostrado que, el CPP-2004 se da en Un momento en el qué la justicia, penal én el Perú   era insostenible. Con la mayoría de  delitos del Código Penal tramitándose bajo el inefable proceso sumario; una increíble sobrecarga procesal;, carencia   dé infraestructura y recursos humanos; deficiencias en capacitación y calidad dé los operadores de justicia; altos índices de corrupción;, reclamos sociales; el avance de legislaciones de los países de la región; entre otros hechos;, el cambio fue un clamor que debía ser escuchado y resuelto inevitablemente.

Los resultados de la reforma a mediados del año 2010

A mediados del año 2010, el GPP-2004 se encuentra vigente en los distritos judiciales dé Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque, Huaura, Cañete, lea, Arequipa, Móqueguá, Tácna, Cusco, Puno, Madre de Dios, Cajamarca, San Martín y Amazonas.

Esté proceso de reforma implica un cambio del sistema mixto a uno acusatorio, caracterizado por diseñar un proceso penal-basado en el respeto  de los derechos humanos contenidos en instrumentos Internacionales y en la Constitución Política. Quizás lo más importante para un ciudadano que se ve involucrado en un proceso penal, sea saber que bajo un Sistema acusatorio el poder sancionador del  estado encuentra límites o barreras que impiden un ejercicio abusivo, arbitrario o ilegal del poder en relación a la persona sometida a la jurisdicción La puesta en vigencia del CPP-2004 ha permitido apreciar los primeros resultados, tanto positivos como negativos. Sin duda que los primeros superan a los segundos, no obstante, consideramos necesario y  provechoso desarrollar los aspectos problemáticos de la puesta en marcha de la reforma procesal, a fin de hallar soluciones adecuadas y permitir que dicha reforma consigamos objetivos anhelados por todos los peruanos.

Como lo precisamos en este trabajo, entre las ventajas  que trae consigo este nuevo código adjetivo, tenernos el rasgo garantista del proceso penal, el cual obliga al juzgador (y a los demás sujetos procesales) a respetar los derechos fundamentales del investigado o  procesado durante la tramitación del proceso, dotando a la defensa del imputado delas; garantías   eficaces   que   le   permitan   reclamar   cualquier   afectación, injustificada y/o desproporcionada; pero también, se prevé protección a la víctima  del delito y a los testigos, a través de un cúmulo de medidas de protección que garantizan su seguridad, de igual modo, se busca reparar  el daño causado a la víctima de manera integral; de otro lado, la estructura del nuevo procedimiento y los mecanismos de simplificación procesal permiten que los casos, sean resueltos de manera anticipada, es decir sin necesidad,de llegar a juicio oral e, inclusive, puede solucionarse  el conflicto a nivel fiscal, a consecuencia de ello, los justiciables, obtienen, justicia oportuna, se descongestionan los despachos judiciales y el Estado ahorra los costos que devienen de latos procesos; entre otras:

Entre   los    aspectos  más    problemáticos    resaltan    el  escaso presupuesto con el que cuentan las instituciones involucradas con el  sistema de administración  de justicia penal, como son la  policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia; la falta de  difusión de las  bondades  de la nueva legislación procesal  a la colectividad, lo que se evidencia con la aún imperante cultura inquisitiva y de litigio, que pone trabas a la cultura del acuerdo y de la paz social; entre otros. A nivel jurídico y académico, también hemos apreciado ciertos -vacíos y deficiencias, básicamente, referidos a la interpretación dealguna$ disposiciones del CPP-2004, las que han tenido que ser resueltas a través de casaciones penales emitidas por la Corté Suprema de, la República; y referidos al desenvolvimiento de los, operadores, dé Justicia  durante este nuevo proceso penal en el que impera él régimen de audiencia.

Tal como lo indicamos en nuestro estudio, debemos aclarar que con estas precisiones no pretendemos señalar que el conflicto, es negativo; por el contrario, con la adopción y la puesta en vigencia de toda norma jurídica nueva que implica una  reforma, sustancial, -como lo es el CPP-2004-, es natural la aparición de apreciaciones distintas, discusiones y errores/ Justamente,   lo   que   hemos   buscado   con   este   trabajo   es   aportar humildemente a que una de esas problemáticas de índole académico carencia de habilidades de litigación oral- pueda ser superada.

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